El Autónomo Económicamente Dependiente

El pasado 10 de Octubre del 2.007 fue publicado en el BOE la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajador Autónomo. Dicha Ley trata de equiparar aún más a los autónomos y a los trabajadores por cuenta ajena, quedando todavía bastantes áreas que necesitarán ser tratadas en un futuro.

No obstante, cabe destacar en dicha Ley la nueva figura de autónomo creada y denominada “Autónomo Económicamente Dependiente”.

Debemos recordar que la clásica figura del autónomo responde a “aquellas personas físicas que realizan de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, dando o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena” (artículo 1 de la Ley 20/2007).

Tras esta nueva Ley podemos encontrar al Autónomo Económicamente Dependiente, a medio paso entre las relaciones por cuent apropia y las relaciones por cuenta ajena. Éste es denominado, según el artículo 11 de la mencionada Ley, como “aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales”.

Ojo con esta definición, pues no hay que confundir al económicamente dependiente con el trabajador por cuenta ajena, pues éste es “aquel que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario” (artículo 1 del RD 1/1995, Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores). Es decir, un autónomo nunca podrá ser considerado trabajador pues el primero tiene la gestión de su propio trabajo, en cambio el segundo depende de las órdenes de un empresario para la ejecución de su trabajo.

Concentrándonos en el autónomo económicamente dependiente, para que éste sea considerado como tal deberá tenerse en cuenta las siguientes condiciones, según el artículo 2 de la ley:

- El T.R.A.D.E. no puede tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda su actividad con terceros.

- No debe llevar a cabo su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que prestan sus servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.

- Deben tener su propia infraestructura productiva y material propio necesarios para el ejercicio de su actividad e independientes de los materiales de sus clientes, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente.

- Deben desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjucio de las indicaciones técnicas que pudiesen recibir de su cliente.

- Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, en función de lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquella.

Con estas especificaciones se trata de evitar el fraude entre la contratación de trabajadores por cuenta ajena como “Falsos Autónomos”, algún común entre muchos empresarios.

Al mismo tiempo, con esta ley se quiere hacer notar la importancia que el autónomo tiene en España, los cuales ascienden actualmente a tres millones de afiliados según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Éstos también tienen derecho a la igualdad y a la no discriminación, de ahí que esta Ley también haya recogido garantías económicas y sociales novedosas para los TRADE como las siguientes:

- Tendrán derecho a un mínimo de 18 días laborales de vacaciones al año (art. 14.1).

- Tendrán derecho a la defensas de sus derechos ante la jurisdicción social (art. 17.1).

- La redacción de un contrato para la realización de la actividad profesional del TRADE para la protección de sus derechos e intereses (art. 12.1).

- A la negociación de sus condiciones mínimas de trabajo, entre otras cuestiones, mediante acuerdos de interés profesional (art.13.1).

- Indemnización en caso de extinción contractual (art.15.2).

Esta ley también garantiza a todos los autónomos en general a percibir protección en caso de baja por incapacidad temporal (artículo 26), o a cubrir la prestación por accidente de trabajo en aquellas actividades de mayor siniestralidad, la cobertura por accidentes de trabajo, entre otras garantías.

Existen también ayudas a los autónomos como reducciones y bonificaciones de la Seguridad Social para aquellos cuya edad oscile entre los menores de 30 años en el caso de hombre, y menores de 35 años en caso de mujeres, pero estas y otras muchas cuestiones relativas a esta figura tan importante en nuestro país pueden ser consultadas más profundamente con un experto en la materia.

Rafaela García

Graduada Social

De iure Laboral